El origen de la Comunidad Autónoma de Castilla y León (Parte II)

El 24 de abril de 1977 era la fecha en la que nos habíamos quedado mientras repasábamos la historia contemporánea de Castilla y León. Ese día, bajo un cielo nublado, los regionalistas festejaban en Villalar de los Comuneros que Castilla y León era capaz de autogobernarse por primera vez en mucho tiempo. La satisfacción de haber creado la Mancomunidad de Diputaciones Castellano-Leonesas bien valía una jota con Nuevo Mester de Juglaría o un buen trago de la bota de vino En el escenario de la campa, la influencia de las elecciones que se iban a celebrar en junio se notó en los discursos políticos; daba igual la ideología del arengador, todos coincidían en que Castilla y León necesitaba mayor autonomía. La Mancomunidad estaba recién creada y ya sabía a poco. El siguiente vídeo, de ámbito nacional, nos ayuda a situarnos en el ambiente electoral de aquel momento:

El 15 de junio de 1977, en un ambiente de gran alegría, con todo el mundo cantando Libertad, libertad y cosas por el estilo —al estilo Cuéntame—, los españoles votaron con absoluta independencia por primera vez desde la Segunda República. El partido elegido por la mayoría fue la UCD (para los más jóvenes: Unión de Centro Democrático), del cebrereño Adolfo Suárez, con un 34 % de los votos; seguido del PSOE, del jovencísimo Felipe González, con el 29 %. En Castilla y León, la victoria de la UCD fue mucho más abultada, consiguiendo una amplísima mayoría frente al PSOE y a una muy minoritaria Alianza Popular. El PCE no consiguió ningún diputado por nuestra región. En Ávila, la UCD arrasó y obtuvo los tres diputados que se podían conseguir por nuestra provincia, lo cual resulta lógico si se tiene en cuenta que Adolfo era de la tierra y, además, tenía un estadio de fútbol con su nombre.

Noviembre de 1976. Adolfo Suárez en el Adolfo Suárez

Cuatro días más tarde, comenzó la Legislatura Constituyente. Mientras se escribía la nueva Constitución, los diputados y senadores catalanes y vascos se agruparon en asambleas regionales de parlamentarios. Dado que acababan de ser elegidos por el pueblo, se consideraban los representantes legítimos de sus respectivas regiones, y era con ellos con quienes el Gobierno debía negociar la preautonomía. Rápidamente, fueron imitados por el resto de las regiones españolas. En cuanto a Castilla y León, el proceso fue un poco más lento y complejo. Primero se celebró una reunión en Madrid con los diputados y senadores del ámbito castellano (León, Castilla La Vieja y Castilla La Nueva), en la que se decidió que las dos Castillas debían estar separadas —en contra de unos pocos defensores de la Gran Castilla— y que el problemón de ubicar a Madrid correspondía exclusivamente a Castilla La Nueva. Con esa base, las reuniones entre los parlamentarios de León y Castilla La Vieja se centraron en configurar el territorio de la nueva comunidad castellanoleonesa. Logroño se encontraba en trámite de cambiar el nombre de su provincia a La Rioja y pidió ser una comunidad autónoma uniprovincial. Los diputados de Santander estaban divididos incluso dentro de los propios partidos políticos: una mitad quería estar en Castilla y León, y la otra prefería que su provincia estuviese sola. Por último, León, convencida de su identidad propia, se mantuvo a la expectativa. Aun así, como todavía no se sabía qué iba a decir la nueva Constitución, y los rumores y comentarios de expertos hacían pensar que la formación de nuevas comunidades autónomas uniprovinciales iba a ser muy difícil, las tres provincias reticentes estuvieron presentes —aunque fuese de manera exclusivamente testimonial— en la constitución de la Asamblea de Parlamentarios y Diputados provinciales de Castilla y León, que tuvo lugar en Valladolid cuatro meses después de las elecciones, el 31 de octubre de 1977.

Idea de la Gran Castilla

El siguiente paso consistía en que el Gobierno reconociese a la Asamblea y le concediese la preautonomía. Tras meses de negociaciones, en junio de 1978, el Gobierno aprobó la preautonomía a Castilla y León a través del Real Decreto-Ley 20/1978. Dicho decreto estableció que el poder del pueblo castellanoleonés residía en una especie de protoparlamento denominado Consejo General de Castilla y León, formado por un representante de cada Diputación Provincial y cuatro parlamentarios por provincia, de los cuales tres debían ser del partido político más votado y uno de un partido de la minoría (es decir, la composición final fue: 32 consejeros de la UCD, 7 del PSOE y 1 independiente por Soria) De este Consejo se elegiría una Junta de Consejeros que tendría labores ejecutivas. El Real Decreto indicaba también que la preautonomía se concedía, en principio, a las once provincias de León y Castilla La Vieja, pero que los parlamentarios de cada provincia debían decidir por mayoría de dos tercios si querían unirse al proceso preautonómico. León, Logroño y Santander votaron en contra, por lo que, al no unirse a Castilla y León y al negarse el Gobierno de España a reconocer más entidades preautonómicas, quedaron excluidas del proceso.

El día 22 de julio, en el castillo de Monzón de Campos, se constituyó el Consejo General de Castilla y León. Los encargados de la Diputación de Palencia, conscientes del momento histórico que vivían, engalanaron el castillo. Acudieron ministros, intelectuales y miembros de partidos políticos sin representación, como el PCE, el PTE o PANCAL; no fue nadie de León, Logroño o Santander. Se eligió al Presidente de la Junta de Consejeros, el primer presidente de una Castilla y León autónoma. El escogido fue Juan Manuel Reol Tejada (UCD), a quien ya conocíamos en este repaso por la historia de nuestra región, porque era el hombre al que abucheaban en el vídeo sobre Villalar de la primera parte. Los asociados de Alianza Regional y el Instituto Regional, tan activos en la primera parte de nuestra historia, asumieron que, a partir de esta reunión, el protagonismo en la consecución de la autonomía lo asumían los políticos.

La siguiente reunión se celebró en el Palacio de la Salina de Salamanca. En este encuentro se constituyó una Junta de Consejeros marcada por el consenso, con la primera vicepresidencia para un consejero del PSOE y casi la tercera parte de las consejerías también en manos del PSOE. La aparente unidad del Consejo General se dinamitó al tratar el primer asunto polémico: cuál iba a ser la capital de Castilla y León. Algunos propusieron Valladolid, pero los representantes de Burgos, Salamanca, Segovia, etc., se negaron al pensar que se trataba de una nueva forma de centralismo. Otra opción era Tordesillas, centro logístico de la región, pero se desechó al considerarse un Valladolid “camuflado”. Burgos, como “Cabeza de Castilla”, defendió que debía ser la capital, pero las provincias del sur la rechazaron por considerarla demasiado periférica. La propuesta que más gustaba era Palencia, pero, para evitar conflictos desde la primera reunión, se decidió que la capital estaría en la ciudad de donde procediese el Presidente de la Junta (en este caso, Burgos); de igual forma, la sede de cada consejería se ubicaría en la provincia de origen de su titular. Así, Segovia se convirtió en la sede de la Consejería de Interior y Ávila en la de la Consejería de Educación.

Consejo General de Castilla y León, julio de 1978

Con el paso del tiempo, la situación en el Consejo se volvió cada vez más tensa. Nuevas discusiones sobre la bandera, el papel de las diputaciones —la UCD era partidaria del modelo de mancomunidad, mientras que el PSOE quería que desaparecieran— o sobre las competencias que se debían conseguir enfrentaban cada vez más a los participantes del Consejo. La verdad es que, si la sangre no llegó al río, fue porque los consejeros, al ser en su mayoría diputados, estaban centrados en los debates de la nueva Constitución, y el tiempo que dedicaban a los asuntos autonómicos era mínimo. El tiempo entre reuniones se fue dilatando y, sin apenas acuerdos ni avances, llegó el otoño, y con él la Constitución, que fue aprobada por las Cortes el 31 de octubre y ratificada por los españoles en referéndum el 6 de diciembre. Como es habitual, la participación en Castilla y León fue superior a la media nacional.

La Constitución acuñó el término Comunidades Autónomas, entidades territoriales con competencias similares a las de los estados de un país federal, pero sin constituir una federación, algo expresamente prohibido en el artículo 145.1. Como las Comunidades Autónomas eran algo totalmente nuevo y aún no existía ninguna, la Carta Magna también incluía las reglas para su formación. En primer lugar, si unas provincias querían constituirse en Comunidad Autónoma, era necesario que, además de ser limítrofes, tuviesen lazos históricos, culturales y económicos comunes. Luego, cada una, individualmente, debía dar una serie de pasos para confirmar su adhesión.

El problema era que la Constitución contemplaba dos caminos. Uno era sencillo (artículo 143): había que conseguir, en menos de seis meses, que la Diputación y dos tercios de los ayuntamientos de la provincia —que representasen a la mayoría de la población censada— aprobasen la incorporación. Si alguna provincia no superaba estos requisitos, el resto podía continuar con el proceso sin contar con ella. Elegir este camino fácil tenía el inconveniente de que la nueva Comunidad Autónoma empezaría con apenas competencias y, además, tendría que esperar al menos cinco años (artículo 148) para, ojo, comenzar a negociar su traspaso.

Si los políticos de la futura comunidad no podían o no querían esperar para gestionar en su región la educación, el trabajo, la seguridad social o incluso tener sus propios canales públicos de televisión y radio, tenían la opción de escoger el camino difícil (artículo 151). Este era similar al anterior, pero exigía que, en lugar de la aprobación de dos tercios de los ayuntamientos, fuese necesaria la de tres cuartos y, además —aquí lo verdaderamente complicado—, debía ser aprobado por mayoría absoluta por los ciudadanos de cada provincia en referéndum. Para que se entienda el temor que los políticos tenían al voto popular (algo que no ha cambiado con el tiempo), conviene adelantar —aunque rompa un poco el desarrollo de esta historia— que solo una de las diecisiete Comunidades Autónomas actuales eligió el artículo 151 para constituirse: Andalucía (de hecho, la fiesta de la comunidad, el 28 de febrero, conmemora su referéndum).

Cataluña, Galicia y País Vasco lograron esquivar los duros requisitos del artículo 151 y, al mismo tiempo, solicitar todas las competencias sin esperar los cinco años, gracias a que sus políticos independentistas en las Cortes consiguieron incluir una nota al final de la Carta Magna (la Disposición Transitoria Segunda) que establecía que, como ya habían plebiscitado afirmativamente proyectos de estatuto de autonomía durante la Segunda República, no era necesario repetir el referéndum. Esto provocó una gran polémica —técnicamente se habían creado dos categorías diferentes de comunidades autónomas— y generó descontento en toda España, añadiendo presión a la ya complicada situación política de la Transición. Algunos incluso empezaron a “buscar sus sables para hacer ruido con ellos”. En cualquier caso, al pueblo llano no pareció importarle demasiado las cuestiones técnicas de las autonomías, ya que solo el 8 % de los participantes votaron en contra.

Cartel oficial de las elecciones municipales

La Constitución especificaba que, para iniciar el proceso de votación de las provincias, era necesario que los municipios y diputaciones fuesen elegidos en unas nuevas elecciones. Adolfo Suárez convocó Elecciones Generales para el 1 de marzo y Elecciones Municipales para el 3 de abril de 1979. El resultado de estos comicios fue que, a nivel nacional y regional, la UCD volvió a ganar las Elecciones Generales (en Ávila, nuevamente, consiguió los tres diputados posibles). Sin embargo, en las primeras Elecciones Municipales democráticas en 46 años, gracias a la ausencia de circunscripciones electorales, la izquierda logró hacerse con muchos ayuntamientos importantes mediante acuerdos entre el PSOE y el PCE. Un vídeo emitido por TVE pocos días después de las elecciones ofrece un resumen muy interesante de lo ocurrido.

En nuestra región, a pesar de que la UCD obtuvo una gran mayoría de diputados y senadores en las Cortes y en las Diputaciones Provinciales, la balanza de poder entre la izquierda y la derecha se niveló debido a que el PSOE se hizo con los ayuntamientos de Valladolid y Salamanca. Sin la aprobación de estos municipios, Castilla y León no podría constituirse como comunidad.

Así, el 9 de junio se celebró en Salamanca una reunión para actualizar el Consejo General de Castilla y León con los nuevos consejeros elegidos en los anteriores comicios. Debido a la mayoría centrista en el Consejo, Reol Tejada fue reelegido Presidente sin problemas. Todo parecía ir bien hasta que se trató quién sería el representante de la minoría por cada provincia. El intento de la UCD de que los elegidos por Soria y Zamora fuesen un senador independiente y un miembro de Coalición Democrática, respectivamente, provocó que los consejeros del PSOE abandonasen la reunión y, más adelante, el Consejo General.

Sin el apoyo de los socialistas, el proceso autonómico castellanoleonés quedaba totalmente abortado. Todos esperaban que la UCD moviese ficha para recuperar el consenso, pero su situación interna no era mucho mejor. Entre sus políticos —como entre los de la Transición— había de todo: gente ilusionada por la nueva libertad; oportunistas en busca de una oportunidad; franquistas más o menos nostálgicos; antiguos caciques temerosos de perder su poder; y personas con auténticas ganas de cambio. Si a esta ecuación se le suma la inmensa cantidad de dinero que estaba en juego, resulta comprensible el origen de sus conflictos internos. Cuando los centristas comenzaron a negociar el regreso del PSOE al Consejo, la unidad de la UCD se rompió por donde menos se esperaba.

El adelantado: Retirada de los los parlamentarios segovianos

El 15 de octubre se celebró una reunión en Burgos de la Junta de Consejeros. Mientras los consejeros esperaban a que llegasen los anfitriones burgaleses, el Consejero de Interior, Modesto Fraile —defensor acérrimo del papel de las Diputaciones Provinciales (sus detractores preferían decir que era un defensor del caciquismo provincial), diputado por Segovia y líder de la UCD en esa provincia— montó en cólera y abandonó la Sala de Juntas de la Diputación de Burgos, alegando que era inadmisible que los anfitriones burgaleses —recordemos, de su mismo partido— hicieran esperar a quienes habían viajado a Burgos, cuando lo lógico habría sido recibirlos en la puerta. Dos días más tarde, Fraile organizó una rueda de prensa en la que anunció que los parlamentarios segovianos de su partido se retiraban del Consejo y que pretendían iniciar el proceso para convertir Segovia en una Comunidad Autónoma independiente. Alegó la existencia de un nuevo centralismo vallisoletano y que las propuestas segovianas no habían sido escuchadas. Nadie —fuera de Segovia— tomó en serio a Don Modesto (era sabido que su enfado se debía al reparto de fondos de la Confederación Hidrográfica del Duero), y su movimiento fue interpretado como un intento de perpetuarse como cacique. Pero el daño ya estaba hecho, y la prensa comenzó a especular con la posible ruptura de Castilla y León en varias regiones pequeñas y sin fuerza en la futura España autonómica: una formada por León, Salamanca y Zamora; otra por Segovia, Ávila y Soria; y varias combinaciones posibles con las provincias restantes —las apuestas más comentadas eran Santander y Palencia por un lado, y Valladolid, Burgos y Logroño por otro.

Ruptura de Segovia, octubre de 1979

La situación no podía pintar peor para quienes esperaban una Comunidad Autónoma Castellano-Leonesa. A la ausencia inicial de Logroño y Santander, y a la indecisión de León, se sumaba la retirada de Segovia. El PSOE también había abandonado el proceso, y Alianza Popular estaba totalmente en contra. La crisis interna de la UCD paralizaba cualquier intento de negociación y, por si fuera poco, en esas fechas comenzaron a surgir amenazas de ruptura dentro de las propias provincias. Por un lado, estaban las presiones vascas para arrebatar Treviño a Burgos; por otro, comenzaban las movilizaciones en el Bierzo para formar una nueva provincia y unirse a Galicia. Lo más preocupante era que algunos ayuntamientos ya habían empezado a votar su incorporación a la región, lo que significaba que el plazo de seis meses establecido por la Constitución ya estaba en marcha, y quedaban menos de cuatro meses para alcanzar un acuerdo general. Los intereses personales y partidistas de unos pocos habían dejado el proyecto en una encrucijada crítica. El sueño de una Castilla y León autónoma se volvía cada vez más difuso, y muy pocos creían que fuese posible lograrlo.

Fuentes:
La Comunidad Autonómica de La Rioja en el Proceso Autonómico Español (1975-1996), Ignacio Granado Higelmo
El Adelantado de Segovia, 16 de octubre de 1976, página 6 y 18 de octubre de 1976, página 3
Fuerzas políticas en el proceso autonómico de Castilla y León. Mariano González Clavero. Tesis doctoral. UVa, 2002
XXV años de autonomía en Castilla y León. Pablo Pérez López, José-Vidal Pelaz López, Mariano González Clavero. Cortes de Castilla y León, 2008.
El regionalismo en Castilla y León. Julio Valdeón Baruque. Universidad de Valladolid

Imágenes:
Elecciones 1979
Cartel elecciones 1979
Segovia