El origen de la Comunidad Autónoma de Castilla y León (Parte I)

Castilla y León, no la gran Castilla y León que gobernaron reyes como Fernando III el Santo o su hijo Alfonso X el Sabio, o que dijo a catalanes y aragoneses: “Vosotros quedaos con algunas islitas del Mediterráneo, que yo me reparto con Portugal el mundo”, sino la pizpireta Comunidad Autónoma de Castilla y León, está cerca de cumplir tres décadas (este mes de febrero se cumplirán 29 años de Estatuto). Ahora que ha pasado tanto tiempo, aceptamos con total naturalidad que existan diecisiete Comunidades Autónomas; que Albacete esté en Castilla-La Mancha y no en la Región de Murcia; o que el País Vasco lo compongan tres provincias y no cuatro o dos. Sin duda alguna, la mayor parte de nosotros hemos olvidado cómo, en unos pocos años, con mucho desorden, tensión e ilusión, un puñado de personas movidas por intereses, digamos... mmm... altruistas, cerraron un mapa totalmente nuevo de España, donde Castilla y León se quedó así, con nueve provincias, como, con la misma facilidad, podía haber quedado con seis, once o dieciséis.
Así que vamos a repasar en tres entregas todo lo que ocurrió en aquellos años para recordar cuál es el origen de nuestra Comunidad Autónoma y por qué es la que es.

León y Castilla la Vieja, 1975

Esta historia no puede comenzar con un “Todo empezó una mañana de...”. En realidad, el sentimiento regional castellano y leonés estaba ahí de toda la vida, de fondo, como cada vez que eran las fiestas de los pueblos y las señoras se ponían a bailar una jota, o cuando el Real Ávila jugaba contra el Palencia o la Segoviana. Aunque, si nos ponemos serios, se puede decir que las primeras manifestaciones públicas de regionalismo se vieron a mediados de los años 70, después de haber estado dormidas casi cuarenta años debido, claro está, a la Guerra Civil y a la posterior dictadura. En aquella época, la España Una, Grande y Libre poseía un modelo hipercentralista, donde la capital manejaba el 80 % del presupuesto, dejando el 20 % restante al resto de instituciones locales y provinciales. La ineficiencia de este modelo hizo que, catalanes y vascos por un lado, y los tecnócratas del Régimen por el otro, comenzasen un debate sobre el modelo de Estado cuyo runrún, si somos sinceros, aún no ha terminado.

¿Y cómo se vivía este debate en nuestra tierra? Pues en Castilla y León todo el mundo estaba de acuerdo con el modelo centralista (86 % en Castilla y 90 % en León); creo que porque nunca se lo habían planteado o porque pensaban que les iba bien con él. Sin embargo, existían unos pocos, sobre todo universitarios (estudiantes y profesores), que habían vivido fuera, en regiones más ricas de España, y al regresar se habían dado cuenta de que algo fallaba. Se suponía que el centralismo era malísimo para Cataluña y el País Vasco, pero allí había trabajo y una calidad de vida mucho mejor que la castellana, donde los pueblos se despoblaban más rápido que en una guerra. Estaba claro que el centralismo no solo no había corregido las desigualdades entre Castilla y la periferia, sino que las había incrementado. La presentación en Madrid del borrador del IV Plan de Desarrollo (para los legos: conjunto de normas y planificaciones políticas y económicas franquistas para levantar el país “a lo soviético”) les dio la razón, por lo que en diciembre de 1975 un grupo de procuradores en las Cortes franquistas y profesores universitarios se reunieron para constituir una asociación que defendiese los intereses de la región ante el Plan y el debate territorial que se avecinaba (Franco aún estaba caliente).

La asociación se llamó Alianza Regional y su objetivo más inmediato era movilizar a la gente promoviendo el sentimiento regional, que en aquella época era pequeñito. ¿Por qué? Pues los expertos coinciden en tres razones principales: el uso de las señas de identidad castellanas por parte de las autoridades franquistas como arma antiseparatista, la ausencia de hechos diferenciales, como por ejemplo una lengua propia y el hecho de que, como Castilla montó ese “club” llamado España, la condición de fundadores hacía recelar de cualquiera que pretendiese salirse o erosionarlo. Para la cuestión territorial, la asociación proponía un modelo similar al francés, donde las provincias (departamentos) manejaban el cotarro, pero se unirían para desarrollar ciertas competencias juntas en mancomunidades de provincias. La idea era crear una unión de provincias castellanoleonesas que tuviese los mismos derechos y poderes —sobre todo el de recaudar impuestos— que cualquier provincia aforada, como Álava o Navarra.

Cartel del Instituto Regional Castellano-Leonés

Los postulados de la Alianza Regional no gustaban a todos los regionalistas, sobre todo a los de izquierdas. No les terminaba de convencer eso de que la Alianza estuviese fundada por franquistas, y el proyecto de la mancomunidad les sabía a poco. Por ello, un mes más tarde, en enero de 1976, un grupo de intelectuales, profesores universitarios, empresarios, periodistas, ecologistas y miembros de partidos políticos progresistas se reunió para crear una asociación progresista regionalista, a la que llamaron Instituto Regional Castellano-Leonés. Sus objetivos eran los mismos que los de la Alianza, pero discrepaba con ella en algunos asuntos, como el color de la bandera de Castilla (morado para los miembros del Instituto, rojo para los de la Alianza) o las provincias que constituían Castilla y León (Castilla la Vieja más León para los aliancistas, o las nueve provincias actuales para el Instituto). Y, pese a lo que estamos acostumbrados en Castilla y en España, las dos nuevas agrupaciones, a pesar de competir entre sí, se llevaron más o menos bien entre ellas (repito: compartían el mismo objetivo). Aunque, como era de esperar, la Alianza, al estar constituida por miembros del Régimen en el poder, tenía más influencia y mejor financiación, y al final era la que se llevaba el gato al agua. Una curiosidad, para que os deis cuenta de que tampoco estaba todo tan politizado como se podría pensar: el Partido del Trabajo de España, de ideología maoísta, apoyaba a la Alianza en lugar del Instituto.

Banderas de Castilla según la Alianza (izquierda) y el Instituto (derecha)

Además, existía una diferencia fundamental entre la Alianza Regional y el Instituto.En la España del final del franquismo no existía libertad de asociación. No era como ahora, que si quieres hacer una Asociación para la Independencia de Solosancho (AIS), pues redactas unos estatutos, vas al registro y la creas sin ningún problema. En aquella época, la norma vigente era la Ley de Asociaciones de 1964, que permitía la creación de agrupaciones con fines políticos, siempre que no buscasen obtener poder, es decir, presentarse a unas elecciones. Eso sí, cada vez que se reuniese la asociación, había que avisar con 72 horas de antelación al gobernador civil de la provincia y, después, permitir asistir a representantes de la autoridad. Alianza Regional no tuvo problemas con estos requisitos y su fundación siguió esta ley. Sin embargo, el Instituto Regional, para evitar el control del Régimen y, a la vez, ser lo más legal posible, se constituyó como una sociedad anónima mercantil.

Esa forma jurídica tan “peculiar” fue utilizada como excusa por el ministro de la Gobernación, Manuel Fraga (que en paz descanse), para prohibir —utilizando la Ley de Orden Público de 22 de julio de 1939— la reunión/manifestación que iba a celebrar el Instituto Regional el 25 de abril en Villalar: “Una sociedad anónima no puede organizar manifestaciones”. Esta idea se le olvidaba al Sr. Ministro cuando las concentraciones las organizaba GODSA (en aquella época, como nadie hablaba inglés, pocos pillaban el chiste), una sociedad anónima que fue el embrión de Alianza Popular. Pese a la prohibición, el día marcado cerca de 400 castellanos y leoneses se dirigieron hacia Villalar por caminos y carreteras secundarias (los accesos principales habían sido cortados) y, aunque fueron recibidos por el alcalde de la localidad, los concentrados fueron disueltos por la Guardia Civil.

Mancomunidad Castellano-Leonesa-Asturiana, mayo de 1976

Mientras tanto, la idea de formar una mancomunidad seguía adelante. El 16 de febrero de 1976, bajo el auspicio de la Alianza Regional, se reunieron en Tordesillas treinta procuradores de las Cortes de Franco de las once provincias de Castilla la Vieja y León para pedir medidas descentralizadoras al Gobierno (por primera vez desde la Segunda República), con conciertos económicos para las diputaciones similares a los de las provincias aforadas (los procuradores solían ser alcaldes de la capital de provincia y presidentes de la diputación). El día 23 de febrero se repitió la reunión —con la ausencia de los representantes de Logroño y Soria— y se empezó a estudiar cómo se podían mancomunar algunos servicios. Ya en estas primerísimas reuniones apareció un problema que se va a dar en toooodo el proceso autonómico: ¿qué pasaba con León? Los delegados de la provincia hicieron saber que no estaban seguros de con quién casaban mejor: si con Asturias, con Galicia o con Castilla. La entrada de Asturias en las reuniones pospuso la discusión. El 17 de mayo, en una nueva reunión, las doce diputaciones concretaron sus peticiones de conciertos para la región castellano-leonesa-asturiana y acordaron estudiar la constitución de la Mancomunidad de Castilla y León.

Región Centro, julio de 1976

No obstante, la mayor parte de los castellanos y leoneses vivían ajenos a los tejemanejes de sus diputaciones y se encontraban pendientes del transcurso de la Transición. El 3 de julio, el Rey, que estaba hasta las reales narices del inmovilismo de Arias Navarro, encargó al abulense Adolfo Suárez la formación de un nuevo gobierno. Tres días más tarde, el nuevo presidente salió en horario prime time por televisión anunciando una Ley de Reforma Política y elecciones democráticas. Estaba claro que los próximos meses iban a ser determinantes para el modelo de Estado. Sin embargo, en agosto, la primera acción del Gobierno con respecto a Castilla fue un jarro de agua fría para las agrupaciones regionalistas. Adolfo Suárez decidió crear una comisión que estudiase la posibilidad de hacer una Región Centro a la medida de Madrid, para aliviarla de su sobredesarrollo demográfico. Esta región contaría con las provincias de Madrid, Ávila, Segovia, Toledo, Ciudad Real, Cuenca y Guadalajara. El texto del BOE justificaba esta decisión así:

La idea se recibió con poco entusiasmo por parte de los presidentes de las diputaciones implicadas, pero si realmente se descartó fue porque COPLACO (acrónimo de Comisión de Planeamiento y Coordinación del Área Metropolitana de Madrid), un organismo central previo, algo caciquil y turbio, se opuso frontalmente, ya que veía que la nueva región le iba a quitar muchas competencias, sobre todo las urbanísticas.

Mancomunidad de Diputaciones Castellano-Leonesas, marzo de 1977

Las reuniones para formar la Mancomunidad siguieron su curso durante 1976. A lo largo de ese año se crearon dos nuevas asociaciones regionalistas: Amigos de La Rioja y Asociación del Pueblo Cántabro, que se organizaron para desligar sus provincias del proceso regional castellanoleonés. Su presencia era un signo más del desapego creciente de estas regiones por la cuenca del Duero. Sin embargo, ese debate interno solo consiguió retrasar —pero no impedir— la inclusión de Logroño y Santander en la Mancomunidad, que se constituyó el 22 de febrero de 1977 en Burgos. Por primera vez en la historia contemporánea, las provincias de Castilla y León se habían unido para defender juntas sus derechos y hablar de tú al resto de regiones de España. En el ambiente de euforia por el éxito logrado, el Instituto Regional y la Alianza Regional acordaron organizar unidos el primer Día de Castilla y León legal en Villalar, el día 24 de abril. El vídeo final, fragmento de un documental sobre la Transición, muestra el transcurso de la fiesta y la opinión de algunos de los asistentes —más o menos enterados— sobre los comuneros, el regionalismo y la autonomía.

La asistencia de más de 20 000 personas a la campa confirmó a las asociaciones regionalistas que su trabajo para fomentar la conciencia regional estaba funcionando, y les dio esperanzas para afrontar el complicado futuro que se avecinaba con la definición del nuevo modelo de Estado y la reaparición, en la fauna regional, de una especie que desde hacía mucho tiempo no se había visto en libertad: los políticos.

Fuentes:
Los Comuneros, Luis López Álvarez, Edilesa, León, 2007, 7ª edición.
Boletín Oficial del Estado, Número 203, pág. 16488, 24 de agosto de 1976
La Comunidad Autonómica de La Rioja en el Proceso Autonómico Español (1975-1996), Ignacio Granado Higelmo
Fuerzas políticas en el proceso autonómico de Castilla y León. Mariano González Clavero. Tesis doctoral. Universidad de Valladolid, 2002
XXV años de autonomía en Castilla y León. Pablo Pérez López, José-Vidal Pelaz López, Mariano González Clavero. Cortes de Castilla y León, 2008.
El regionalismo en Castilla y León. Julio Valdeón Baruque. Universidad de Valladolid

Imágenes:
Villalar
Instituto Regional
Banderas

Nota:
Este texto lo publiqué originalmente en Los 4 Palos, un blog abulense hoy desaparecido.